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Más de un año después de la desaparición de Guadalupe, el Gobierno comprará drones para la búsqueda de personas

El ministerio de Seguridad destinará $36 millones a la adquisición de los equipos que usarán en operativos y rastrillajes.

Actualizada: 09/08/2022 08:11
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Este lunes el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá publicó un llamado a licitación para la adquisición de drones que serán utilizados por las unidades regionales 1, 2, 3 y 5.

Los dispositivos serán adquiridos para “operativos de búsqueda de personas, rastrillajes, irrupciones de grupos tácticos y allanamientos”.

La futura compra se produce a más de un año de la desaparición de Guadalupe Lucero. El rapto de la menor de hoy seis años llenó de cuestionamientos el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales porque no lograron encontrar algún rastro de su paradero.

Según la licitación, el Gobierno destinará $36 millones para la compra de los aparatos, que fueron solicitados por la Policía de San Luis.

La falta de especialización e insumos para la búsqueda de personas fue una de las falencias que expusieron los familiares de la niña y por eso pidieron en varias ocasiones la renuncia del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi.

Otra de las desapariciones que tiene en vilo a la provincia es la de Osvaldo Hernández, el vecino de La Toma de 64 años que falta desde 15 mayo.

Si bien se han realizado rastrillajes y diferentes operativos, no tienen pistas sobre su paradero. El único registro que surgió fue de las cámaras de una estación de servicio.

Actualmente, no se conoce la cantidad de dispositivos tecnológicos con los que cuenta la cartera de Seguridad, entre cámaras, drones y equipamiento destinado a la búsqueda de personas.

Cuatro días después de que se la llevaron del Barrio 544 Viviendas, la Federación Mendocina de Bomberos envió un equipo con cuatro drones, que sobrevolaron parte de la zona sur, filmando y fotografiando el terreno. Lo mismo aportaron desde el Ejercito.

Incluso, casi seis meses después de la desaparición de Guadalupe, el Gobierno adhirió al sistema federal de búsqueda de personas. Fue por medio de un convenio con el ministerio de Seguridad de la Nación.

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